Luego del anunció del presidente y Jefe Supremo de la institución, Francisco Sagasti, de nombrar como nuevo comandante general de la Policía a un oficial que ocupa el puesto 18 en el escalafón de generales, afectando “la línea de sucesión y la institucionalidad”. Considerado un atropello a la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú (PNP), el comandante general, el subcomandante y el inspector general renunciaron en bloque a sus cargos.
Esta decisión de los oficiales de mayor jerarquía en la PNP responde a que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1267 firmado por el entonces ministro Carlos Basombrío en el año 2017, y el artículo 7 del Decreto Supremo N° 026-2017-IN, modificado en el artículo 1 del D.S. N° 011-2019-IN, con lo que se estaría cometiendo un evidente atropello.
En cartas dirigidas al jefe de Estado, el alto mando policial integrado por los tenientes generales PNP Orlando Velasco Mujica, Jorgé Lam Almonte y Herly Rojas Liendo, fueron categóricos al considerar que la designación del general PNP César Augusto Cervantes Cárdenas contraviene las normas.
Y es que la declaración colectiva se ampara en el Reglamento de la Ley de la PNP.
“El comandante general deberá ser elegido entre los tenientes generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales. En el caso de no alcanzar la disponibilidad de tenientes generales, la terna se completará con los generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales”.
Al presentar sus respectivas renuncias irrevocables a sus cargos, los tenientes generales PNP Orlando Velasco, Jorge Lam y Herly Rojas precisaron que el mandatario violó la ‘Ley de la Policía Nacional del Perú’ al haber designado a César Cervantes, quien se halla en el puesto 18 en el escalafón, como nuevo comandante general de la PNP, con lo que automáticamente pasan al retiro 18 generales.
Los tenientes generales también mencionaron en sus misivas que, si bien es una atribución constitucional del presidente de la República nombrar al comandante general de la PNP, remarcaron que la norma en cuestión establece que «el comandante general deberá ser elegido entre los entre los tres tenientes generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales».
«En caso de no alcanzar la disponibilidad de tenientes generales, la terna se completará con los generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales. De recaer la designación en un general, este será ascendido al grado de teniente general», añade la ley.
Como se recuerda, el jefe de Estado, luego de anunciar el nombramiento de Cervantes como jefe máximo de la Policía, comunicó que ha decidido instalar una «comisión de bases», cuya misión será recomendar acciones en un plazo de 60 días, para modernizar y fortalecer a la PNP.
Además, mencionó que solicitará a la Contraloría que realice el control concurrente de la gestión administrativa policial, así como la disposición de gerentes civiles provenientes de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) para colaborar con la entidad.
Consultado sobre el hecho, el especialista en derecho constitucional y procesos administrativos de la Policía, Juan José Santiváñez, consideró que el presidente de la República, Francisco Sagasti, no solo estaría vulnerando decretos, sino también “cometería una infracción constitucional”, puesto que según los artículos 167 y 168 de la Constitución, “el presidente de la República es el jefe Supremo de la institución y se regula por sus propios reglamentos”.
“No solamente se está vulnerando el Decreto Legislativo N° 1267 y su reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 026-2017-IN, modificado en 2019. Sino adicionalmente los artículos 167 y 168 de la Constitución, que establece que, si bien es cierto el presidente de la República es el jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía, se regula por sus propios reglamentos para poder establecer la estructura y el empleo de esta institución”, explicó.
Según el letrado, “si el anuncio de Sagasti se materializa, él estaría cometiendo una infracción a la Constitución y, por otro lado, se estaría cometiendo un abuso”.
“Y el ministro del interior estaría sujeto a una denuncia, porque mientras el presidente ejerza su cargo no puede ser juzgado (…) Se están vulnerando los principios de la norma en un exceso de poder por parte del presidente de la República y, lógicamente, mal asesorado por el ministro Vargas”, precisó.
