La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, reconoció ante el Congreso esta tarde que la empresa Hidroenergía Consultores en Ingeniería S.R.L, en la que su padre y hermano aparecen como accionistas, no debió haber contratado con el Estado desde que ella asumió como titular del MEF.
«Desde mi punto de vista, este contrato no debió haber sido firmado, debido a que se encontraba en una situación de incumplimiento de los requisitos del marco legal de la Ley de Contrataciones. (…) No se debió firmar ese contrato debido a que fue firmado cuando yo era ministra de Economía y Finanzas. Yo no he querido intervenir ni participar dado que esto se encuentra en investigación de la Contraloría y no he querido que ninguna intervención mía sea considerada como injerencia», declaró Alva ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento.
Hace algunas semanas, así como lo denunciamos, la empresa Hidroenergía Consultores en Ingeniería S.R.L. ganó la buena pro para realizar servicios de consultoría por más de S/ 1.5 millones al Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), órgano del Ministerio de Agricultura (Minagri), en noviembre del 2019.
Lo irregular es que Jorge Alva Hurtado y Jorge Alva Luperdi, padre y hermano de la ministra de Economía, respectivamente, figuran como accionistas de dicha compañía, violándose la Ley de Contrataciones del Estado.
En su defensa, Alva Hurtado afirmó que, en el año 2015, se desvinculó de la empresa en el año 2015 y que desde el 2014 no recibe ingresos de esta. Añadió que se encuentra en juicio, desde el año pasado, con su exsocio Armando Olazabal Álvarez por la cancelación de las acciones que tenía la empresa. Sin embargo, hasta el día de hoy figura como accionista.
Durante su presentación en el grupo de Fiscalización, María Antonieta Alva dijo, además, que en este caso hay responsabilidad en Olazabal y en la entidad contratante; es decir, el PSI del Minagri.
«El señor Olazabal no debió firmar este contrato, debido a que fue firmado cuando yo era ministra de Economía y Finanzas, pero otra responsabilidad importante tiene que ver con la entidad contratante, que debe verificar todos los documentos que acompañan el otorgamiento de la buena pro», sostuvo la integrante del gabinete ministerial.
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