Escribe: Suriel Chacon
Hoy, quiero hablar sobre la abusiva prisión preliminar por 36 meses que pesa, actualmente, sobre la líder de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Hugichi. Este su humilde servidor ha entrevistado a un sinnúmero de abogados (con tendencias políticas variadas) y a especialistas en temas de lavado de activos y todos han llegado a la conclusión de que Keiko Fujimori no cometió ningún delito penal y que su caso actual es una aberración jurídica que está dejando una nefasta jurisprudencia, dado que, si supuestamente es verdad que algunos rostros de FP habrían recibido aportes económicos de parte de Odebrecht para invertirlo en campañas políticas, incluso así, ese hecho no configura un delito, según nuestro pasado Código Penal, pero sí una grave falta administrativa por no haber declarado a tiempo ese dinero ante las entidades correspondientes (ONPE y JNE). Por ello, sin duda, FP ameritaría ser sancionada política y económicamente. Pero que sus líderes y que toda la cúpula de la citada tienda política, ahora mismo, estén tras las rejas y que incluso el PJ haya catalogado con saña a FP como una organización criminal es bastante polémico y desproporcionado, por decir lo menos. Más claro, ni el agua.
Es inverosímil que la única política (Keiko) que nunca fue funcionaria, que nunca gestionó dinero público ni recursos del Estado y que jamás ejecutó obras, hoy por hoy, esté tras las rejas sin que el PJ haya podido demostrar realmente que existía y existe peligro procesal, puesto que, en su caso, convenientemente no habría arraigo domiciliario y laboral, para JDP. Dudo de esa tesis, ya que Keiko, incluso en los momentos más aciagos, allá en el año 2000 y 2001, cuando el partido político de su padre, Alberto Fujimori, se desmoronó por los Vladivideos, ella, precisamente, la China fue quien se quedó a “apechugar” con valentía toda la avalancha mediática y judicial contra la familia Fujimori. Nunca escapó: ¿Por qué lo haría ahora?
Si en el Perú realmente existe justicia y una verdadera separación de poderes, pues la Corte Suprema va a tener que resolver el caso de Keiko y ella va a tener que recuperar inmediatamente su libertad, que, en esencia, sería lo más justo, ya que la propia China ha precisado que ella no fugara del país y ha asegurado que desea defender -en libertad- su honra, dignidad y su buen nombre. Creo que es lo justo, nada ni nadie debería de pasar un solo segundo por la cárcel si la Justicia no ha comprobado aún la culpabilidad del imputado. Lo que en Perú se está haciendo es una terrible persecución política que está conduciendo a algunos incluso al suicidio. Una cacería de brujas –sin precedentes–liderada por el triunvirato del mal, conformada por el Ejecutivo (Vizcarra), por el MP-PJ (mafia judicial-Vela y Pérez), y por la prensa mermelera y oenegera (Pepe Graña, Chicho Mohme y Gorriti).
Cabe añadir que, hoy, el propio Barata precisó lo siguiente:
Finalmente, con toda seguridad, parte de la audiencia que diariamente consume mis artículos va a creer que quien redacta esta misiva no es sino un periodista con filo fujimorista o aprista (ya me lo dijeron). En el pasado, los propios fujimoristas y apristas me catalogaban como rojo o caviar. Esas etiquetas han quedado en el agujero negro del olvido, porque, durante toda mi trayectoria, he demostrado objetividad, pluralidad y veracidad. De lo contrario, este medio (Tiempo26.com) que dirijo se hubiera ido –hace rato– al tacho, como decenas de portales de noticias que iniciaron al mismo tiempo que nosotros. Pero, felizmente, ocurrió todo lo contrario y, por ese motivo, estoy profundamente agradecido con cada uno de ustedes. No obstante, hoy, tengo que abordar un tema bastante delicado que ningún otro periodista o comunicador de Perú se ha atrevido a tocar por, supuestamente, mantenerse en la línea de la neutralidad. No obstante, a veces, cuando los poderosos cometen atropellos contra el Estado de derecho, la legalidad, la institucionalidad, contra la separación de poderes y, especialmente, contra el debido proceso y, por supuesto, contra la presunción de inocencia, derechos fundamentales custodiados por nuestra Constitución, pues, uno se tiene que rebelar y alzar su voz de protesta y defender con denuedo a las víctimas de los abusos.
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