El fiscal Carlos Puma, integrante del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, decidió abrir una investigación preliminar contra el exministro de Defensa Jorge Nieto Montesinos, la excongresista Marisa Glave, la ex portavoz del No Anel Townsend, el exregidor Jaime Salinas, entre otros por los presuntos delitos de cohecho activo genérico, lavado de activos y asociación ilícita. Esto como parte de las pesquisas a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.
El inicio de la investigación preliminar se da luego de la declaración que el exgerente general de la Municipalidad de Lima José Miguel Castro, brindó a la fiscalía, entre el 15 y 22 de junio último.
En sus declaraciones Castro, quien aspira a ser colaborador eficaz, afirmó que Nieto Montesinos recibió pagos directos de OAS por US$120.000 en el 2013, a raíz de un servicio de asesoría política que brindó a la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán.
Además, el exgerente municipal también dijo que ordenó la entrega de S/60.000 a Glave y Reátegui para cubrir los gastos de uno de los mítines finales de la campaña del No; y que Salinas cobró US$120.000, tras “arrogarse” el apoyo político del Partido Popular Cristiano (PPC) a la continuidad de Villarán. Los tres regidores han rechazado estas acusaciones.
Reátegui sostuvo que aún no ha sido notificada sobre la decisión fiscal, pero aseguró que colaborará con el proceso porque “mientras más rápido se hagan las investigaciones, va a ser bueno”.
En el caso de Anel Townsend, según el testimonio de Castro, obtuvo un “bono de éxito” de US$10.000, tras la victoria del No. Todo el dinero repartido tiene como origen los aportes que OAS, Odebrecht y Graña y Montero hicieron a la referida campaña, que ascienden a aproximadamente US$7.2 millones.
Amplían investigación a Susana Villaran
Puma- en otra disposición, la N°32, amplió la investigación preparatoria a Susana Villarán de la Puente por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio y lavado de activos, y contra Domingo Arzubialde Elorrieta, exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, por el presunto delito de negociación incompatible, por el caso de la revocatoria.
Arzubialde Elorrieta fue condenado, en febrero de 2019, a cuatro de prisión por el mismo delito, por las irregularidades en el cobro de peajes en la Línea Amarilla.
Con información de: El Comercio
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