Alberto José Bermúdez Gonzales, venezolano de 21 años, fue detenido y liberado tres días después luego de atropellar a una fiscalizadora de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y protagonizar una persecución, sin embargo, el Poder Judicial dictaminó que Bermúdez afrontara investigación en libertad.
El chofer de la combi de placa C1Q-372, vehículo que acumula 63 multas por un valor de S/163 mil, y tras su liberación esta mañana, ahora, seguirá el proceso en calidad de citado.
Pero, ante la indignación generada, todos se preguntan ¿por qué el Ministerio Público tomó esta decisión a pesar del crítico estado de salud de la joven de 25 años y de la evidencia que muestra la brutalidad del atropello y la persecución?
Según América TV, esta decisión se debe a un error durante un trámite digital presentado en mesa de partes del Ministerio Público. Asimismo, precisaron que a pesar de que dicha entidad se comunicó con el Poder Judicial para entregar la documentación de manera presencial, la dependencia se negó a recibirla porque no llegaron en los horarios establecidos.
Uno de los puntos expuestos por el fiscal Sueldo Quiñones señala “que se debe tener en consideración una serie de incidencias ocurridas en el trámite para la presentación del requerimiento fiscal”.
El primero de ellos es que el informe policial fue entregado sin la foliación correspondiente, es decir que no fue numerado de manera idónea y podría no haber consignado todos los datos correctos.
“El acotado informe policial fue puesto a disposición del despacho fiscal a las 13:33 del día 11 de enero, y sin la debida foliación, lo que motivo incluso la autorización administrativa de la sede de la Fiscalía de El Agustino, la autorización respectiva a efectos de que personal policial pueda ingresar a las instalaciones para subsanar la documentación, siendo recién a las 14:45 minutos que concluyo dicha labor de subsanación”, se lee en el documento.
Además, se indica que hubo inconvenientes en la mesa de partes virtual de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, y la información presentada no cargó de manera correcta. Y que, pese a las coordinaciones de presentar físicamente al detenido y los documentos pertinentes,.
“el personal jurisdiccional se negó a recibir la documentación (…) aduciendo que ya se encontraba vencido el plazo de detención”.
Fuera de los errores administrativos que se pueden leer en el documento, el fiscal a cargo señala que Bermúdez González, ciudadano extranjero de 21 años, proporcionó dos nombres diferentes al momento de ser intervenido, suceso que “no fue objeto de investigación a nivel preliminar”.
“(…) Siendo así a la fecha, incluso no se tiene certeza de la identidad exacta del investigado, por lo cual con fecha del 10 de enero de los corrientes recién a través de un escrito presentado por el abogado González Guevara se tomó conocimiento que aparentemente el nombre que le correspondería sería Ricardo José BERMÚDEZ GONZÁLEZ”.
En horas de la mañana, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que señaló que pese a los inconvenientes que frustraron el requerimiento de prisión preventiva, el fiscal Sueldo Quiñones se encuentra a la espera de que el Poder Judicial convoque a una audiencia en la que se pueda volver a hacer el requerimiento de la medida preventiva.
La entidad confirmó que los retrasos se debieron a problemas técnicos ya que “no se pudo cargar al sistema de mesa de partes virtual del Poder Judicial la documentación digitalizada”.
“Ante lo ocurrido, el fiscal se dirigió con el detenido a la Mesa de Partes del Juzgado de Investigación Preparatoria de El Agustino para presentar de manera presencial su solicitud de prisión preventiva. En esa dependencia, tampoco fue posible ingresar el requerimiento fiscal pues solicitaban evidencia del problema suscitado en la mesa de partes virtual de la Corte de Lima Este. Es en esa gestión que venció el plazo de la detención por flagrancia contra el involucrado por lo que se tuvo que emitir la disposición de libertad del detenido quien pasó a la condición de citado, siguiendo los procedimientos legales”, detalla el Ministerio Público.
DATO:
Como se recuerda, el pasado sábado, atropelló a la fiscalizadora identificada como Jackelyn Rosales Ramírez, quien se encuentra recuperándose en el hospital Hipólito Unanue, y se dio a la fuga.
Según la madre de la afectada, se comunicaron con ella para indicarle que la libertad se daría debido a que su hija presentaba lesiones consideradas como leves, pese a que presenta traumatismos en las costillas y en el rostros.
Con información de: El Comercio
