Escribe: Suriel Chacon
LOS CUELLOS NEGROS DE PALACIO
El coronel PNP, Harvey Colchado Huamaní (44), jefe de la Policía política de Perú, conocida también como División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), nuevamente, está en el ojo de la tormenta tras las revelaciones irrebatibles que hiciera el exministro del interior durante el primer gabinete del gobierno de “Perú Posible” – Fernando Miguel Rospigliosi Capurro. Éste último no solo precisa que Colchado obedece a las directrices del Ejecutivo, sino que también es blindado en todo sentido por la administración accesitaria, por cierta prensa y por el PJ y las ONG financiadas por las Fundaciones de la Sociedad Abierta (Open Society Foundations [George Soros]). Asimismo, Harvey estaría cumpliendo un rol poco envidiable de operador político para destruir a la oposición de Vizcarra, instaurando -con su accionar- una verdadera Policía política en Perú.
Como se recuerda, Colchado Huamaní, saltó a la fama tras la accidentada intervención que hiciera en el Congreso de la República, precisamente, en la Comisión de Defensa, presidida por Jorge del Castillo, para explicar las presuntas irregularidades que se habría cometido en la extraña y cuestionada intervención (17.04.2019) en el marco de las investigaciones del Caso Lava Jato a la residencia del expresidente de la República, Alan García, quien terminó quitándose la vida de un disparo en la cabeza.
Pero lo más grave viene ahora: Colchado, habría extorsionado vilmente, según las propias declaraciones de los suboficiales PNP (Juan Víctor Arias Contreras, James Rodríguez Zavaleta y Hugo Gerardo Robles Chiong [exescolta de Chávarry]) inmersos en el caso Pedro Chávarry, para que inculpen al citado exfiscal de la Nación y así –sus detractores– puedan conseguir su expulsión del MP. Lo sorprendente es que los medios de Pepe Graña y Chicho Mohme, aliados de Vizcarra, no han publicado nada sobre este espinoso y delictivo hecho.
“Échenlo a Chávarry, échenlo a Chávarry, ustedes saben muy bien que yo soy amigo con el doctor Domingo Pérez, y si no, ustedes saben que Domingo Pérez es canero, les va a mandar a cana a ustedes”, confesó Juan Víctor Arias Contreras, suboficial PNP de primera.
Fernando Rospigliosi ante este hecho señala:
“Queda demostrado que Colchado actúa políticamente al servicio del Gobierno y que no duda en cometer delitos como este [el de extorsión], porque tratar de influenciar a los suboficiales para que den un falso testimonio involucrando al fiscal Chávarry, es un delito”, dijo al diario Expreso.
Rospigliosi Capurro también añadió que Vizcarra, con su siniestro asesor, Maximiliano Aguiar, habrían tejido un verdadero triunvirato del mal: Ejecutivo, DIVIAC-PJ, ONG respaldadas por cierta prensa poderosa. ¿Para qué? Para demoler cualquier rostro político de cara a la escena de 2021.
“Hay noticias que se ocultan. Las noticias que son contrarias a las que quiere la coalición vizcarrista no se difunden y las noticias favorables, sí se difunden. Ya no cabe duda de que el presidente Vizcarra y la gente de Palacio son un elemento fundamental en esta alianza que incluye ONG’s medios de comunicación y grupos políticos”, remarcó Rospigliosi.
¿Cuál habría sido el móvil del deleznable proceder de Colchado? Rospigliosi indica: “él sigue las instrucciones de Palacio porque hay un objetivo urgente de lograr el control absoluto del Ministerio Público”.
CONCLUSIÓN:
¿Qué ocurriría si logran sacar a Chávarry de la Junta de Fiscales Supremos por culpa de las presuntas extorsiones cometidas por Colchado? Muy fácil: el Triunvirato del mal, recientemente bautizada como los “Cuellos Negros de Palacio”: capturarían -por fin- el MP y así podrían poner a más fiscales comunistas para ejecutar más persecuciones políticas, ahora, contra todos los opositores (sin importar que sean grandes o pequeños) al régimen autoritario del vizcarrismo: allí caerán incluso los tuiteros y usuarios de redes sociales que, de alguna manera, se han convertido en el muro de contención para frenar la agenda neomarxista en el país. Pero, no solo ese sería el plan, la estrategia también es blindar a Vizcarra por los 46 procesos judiciales que pesan sobre él y que hasta ahora no ha sido procesado ni absuelto por ningún delito que se le acusa.
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