El Gobierno y la Fiscalía estarían protegiendo los intereses económicos de Graña y Montero, socio de la corrupta Odebrecht

Escribe: Suriel Chacon

Antes de leer esta publicación, usted tiene que conocer que hay 25 empresas (el cartel) –entre privadas y estatales– que han trabajado –en Brasil– de la mano con la mafiosa firma, Odebrecht Latinvest. Las razones sociales de cada una de las 25 envilecidas firmas constructoras de capitales brasileros salieron a la luz producto del megaoperativo denominado: ‘Lava Jato’; emprendido por la implacable Policía Federal de Curitiva (del Estado de Paraná, en Brasil). La respectiva investigación promovida –en febrero del 2008 y hecha pública en marzo de 2014–, por agentes de la Policía Federal tuvieron sus primeros resultados, francamente, concretos, cuando cayó el pez más gordo de toda esta trama: Marcelo Odebrecht.

Pues, el juez brasilero, Sergio Moro, condenó al CEO de la firma Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrech –el 08 marzo 2016–, a 19 años de prisión efectiva por haber sobornado con US$ 30 millones a decenas de políticos de ese país, con el objeto de ganar multimillonarias licitaciones públicas de manera fraudulenta y corrupta.

Tres de las 25 corporaciones, pertenecientes al cartel, son las más mediáticas: Odebrecht Latinvest, Camargo Correa y OAS; estas empresas fueron como un cáncer que se extendieron –desde hace 21 años (1997), no obstante, con más énfasis desde el año 2002– por casi todos los países del continente, pero con un especial acento en el Perú. Pues en suelo inca trabajaron de la mano con Graña y Montero, de José Graña Miró Quesada, absoluto propietario del Grupo El Comercio, luego vienen ‘JJC Contratistas Generales S.A.’, ‘ICCGSA’ y Compañía San Martín S.A.

Ante ello, lo más sorprendente y encomiable de la Justicia brasilera es enterarnos de la seriedad y firmeza con la que han tomado el caso ‘Lava Jato’. Entre el 17 de marzo de 2014 hasta el 09 de noviembre de 2017 (en tres años), ya hay 138 multimillonarios, ex absolutos propietarios de grandes corporaciones constructoras, integrantes del cartel, y políticos del más alto nivel (exministros y asesores políticos) tras las rejas con condenas concluyentes de no menos de 16 años de prisión efectiva. ¡Aplausos! No es para menos.

Pero, hay más: La justicia brasilera, a estas alturas del partido, ya ha recuperado, por lo menos, el 53 % de todo el daño económico que estas 25 empresas corruptas le ocasionaron a ese país: ¿Cómo? El juez Sergio Moro y todo su equipo de valientes y loables magistrados han dejado –prácticamente– en la calle a criminales de la calaña de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y de todos sus socios y consorciados en/de Brasil. La justicia de esa nación les ha quitado todo: primero los ha sentenciado, ha intervenido y congelado todas sus cuentas, luego, ha allanado absolutamente todas sus oficinas, inclusive casi todos sus inmuebles, adquiridos con dinero mal habido, ahora, están en poder del Estado brasilero, como tiene que ser.

Sin lugar a dudas, es un excelente ejemplo que la justicia de Perú debería de seguir. Pero, no señores. La justicia aquí hace todo lo contrario, por ejemplo, Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht, precisó que Graña y Montero, su socio, sabía que la firma de Marcelo operaba con coimas:

“El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de las empresas (Graña y Montero, de José Graña Miró Quesada, absoluto propietario del Grupo El Comercio, ‘JJC Contratistas Generales S.A.’, ‘ICCGSA’ y Compañía San Martín S.A.) sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo. Lo que si es cierto es que se distribuyó entre los consorciados. No recuerdo la fórmula exacta, esto lo verificaré. Esto fue más o menos así, ellos sabían que habíamos pagado, y sabían que tenían que asumir lo que le correspondería”, aseguró Barata”.

Sin embargo, el fiscal de la nación, Pablo Sánchez, y el fiscal que lidera el caso ‘Lava Jato’, Hamilton Castro, permiten que la impunidad reine en el caso José Graña Miro Quesada y su empresa GyM. Sánchez y Castro incluso, a veces, actúan como los abogados de los intereses del Grupo El Comercio; pues protegen los activos de los consorciados (Graña y Montero [GyM]) de Odebrecht Latinvest. Hasta la fecha, la Fiscalía ha demostrado una inaudita pasividad e indulgencia con los peces gordos, ya que no hay ni uno solo tras las rejas. Asimismo, Sánchez ni Castro han deseado congelar ninguna cuenta de Odebrecht, y mucho menos de GyM ni de ningún otro consorciado de la vil firma brasilera. No hay allanamientos de oficinas. No se ha recabado en Perú información clasificada.

Todos los destapes llegan de medios brasileros y españoles, ningún medio peruano puede destapar algo: ¿Por conveniencia o será por qué el absoluto dueño del Perú, Pepe Graña, es el accionista mayoritario del grupo mediático más potente del país: me refiero al Grupo El Comercio?

Hasta el momento, la Fiscalía va más lento que el tren de carga a la sierra central del Perú. Y, además, tenemos que añadir que la Fiscalía tiene a varios corruptos en sus filas, ya que filtran información confidencial, que ni siquiera ellos han conseguido, sino la Policía de Curitiva y magistrados brasileros, a los diarios rojos: eso no se hace, y ante ello; Sánchez y Castro se quedan en silencio. Por eso y por muchas otras cosas más; considero oportuno que ambos deberían de dar un paso al costado; ya que, según parece, se mueren de miedo de enfrentarse al cartel mediático. No necesitamos jueces ni fiscales que se dejen administrar por los periodicazos y los titulares en los hegemónicos y tradicionales medios.

CONCLUSIÓN:

Se hacen la vista gorda ante tamaña delación de Barata, mientras Pepe Graña se alista para licitar con el Estado por más de US$ 1.000 millones. ¡Qué tal cuajo!