Escribe: Suriel Chacon
Según el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume señala: “no se puede cerrar el Congreso y Vizcarra no puede imponer al Parlamento el contenido de una reforma constitucional”. Esas declaraciones de parte de Blume son bastante contundentes, concluyentes y lapidarias en torno a la “Cuestión de Confianza”, presentada por el Ejecutivo. Es decir, de alguna manera, ya, a estas alturas, se cae ruidosamente la “Cuestión de Confianza” de Vizcarra y ya el Ejecutivo, al ver que su deseo no se hará realidad, está empezando a jugar con la idea de un nuevo referéndum si hay algún entrampamiento constitucional, como él mismo lo señala:

Por otro lado, de forma no explícita, sino sobrentendida, Blume nos envió el siguiente mensaje: “si Martín Vizcarra, a pesar de que la máxima autoridad del TC ya se ha pronunciado y le ha prohibido continuar con su intentona de golpe de Estado, pues éste persiste en la misma ruta, ello quiere decir que el indicado mandatario está decidido a transitar por una peligrosa franja ilegal y golpista”
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Escribe: Luis Enrique Alvizuri
Ni siquiera en “el país de las maravillas” de Alicia aceptarían la idea de que este gobierno quiere cerrar el Congreso “para moralizar el país y luchar contra la corrupción”. Quien crea eso no sabe nada de política. La política no es “la lucha de los buenos contra los malos”. Eso solo se puede ver en las películas de Disney. La política es la pugna por el poder, y quien alcanza el poder lo obtiene todo: la razón, la justicia y el dinero. Esto ha sido así desde el inicio de los tiempos. Si alguien le cree a los medios de comunicación que plantean la cosa infantilmente como “corruptos contra honestos” es que, o bien es un pulpín, o aún no ha madurado lo suficiente en la vida.
Remontémonos a hace 40 años, cuando empezó Lava Jato como mafia estructurada (en la que participan empresarios, funcionarios, políticos, estudios de abogados, periodistas, etc.). Esa modalidad creció bajo el amparo de la globalización y liberalización de Reagan y Tatcher (la venta de las empresas públicas a precio de regalo a los privados). Es ahí cuando arranca la idea de lucrar lo más posible a costa del Estado. Y para que el Estado conceda las tierras y las obras hay que “hablar con sus dirigentes, sus ministros y presidentes” para que el negocio vaya “viento en popa”. Eso es lo que hemos estado viviendo mientras nos hacían creer que “estaban invirtiendo en el Perú”.
Pero la realidad fue otra: nunca “invirtieron” en el Perú sino que lo robaron por un monto no menor a 30 mil millones de dólares en obras falsas, innecesarias y mal hechas. Todo esto seguiría en la oscuridad (con la complicidad de los actuales medios de comunicación, que son los mismos que piden el cierre del Congreso) de no ser por EEUU que destapó el asunto. A partir de ahí el tema ha girado en torno a cómo no perder este “mecanismo” tan rentable (Lava Jato) pero haciendo creer que “se lo está investigando y castigando”. La conclusión, como podemos ver, es quienes están en la cárcel son unos cuantos funcionarios y los líderes de la oposición. Ninguno de sus verdaderos responsables está siendo siquiera investigado.
Entonces ¿cómo redondear la faena para que empresas como Odebrecht y Graña y Montero salgan completamente libradas de todo perjuicio? Dinamitando la democracia, desapareciendo a los partidos políticos para que no se opongan ni fiscalicen y colocando a outsiders en el poder para que sean fácilmente manipulados por la CONFIEP (al estilo Humala). El actual gobierno de PPK (el principal impulsador de Lava Jato en el Perú) -hoy con Vizcarra al frente- quiere un “borrón y cuenta nueva” para que sea solo “su gente” la que esté en el poder y así el Perú sea nuevamente un terreno fértil para nuevos y mejores Lava Jatos.
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