Hasta 34 exoficiales y exsuboficiales de la Marina peruana afrontarán mañana un juicio oral por su responsabilidad en la matanza de 133 presos por terrorismo que se amotinaron en el penal El Frontón en 1986, un caso emblemático del conflicto interno y de la violencia política de esa época en Perú.
El 18 de junio de 1986, varios penales de Lima fueron sacudidos por un motín de presos de la organización terrorista Sendero Luminoso y el entonces presidente Alan García (1985-1990) ordenó a las Fuerzas Armadas recuperar el control y rescatar a los custodios tomados como rehenes.
Más de tres décadas después, el juicio buscará verificar la responsabilidad de los acusados en masacrar a los prisioneros una vez que el motín fue reprimido y los militantes de Sendero Luminoso ya se habían rendido.
Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, que representa a familiares de los amotinados, valoró el inicio del juicio como un logro y “un hecho importante” tras 31 años de espera para poder hacer justicia en un caso “complejo por la cantidad de acusados, testigos y peritos” y por las “dificultades políticas” que entraña.
“Estamos convencidos de que una de las razones de que se juzgue 31 años después es porque hay una serie influencias políticas que han buscado entorpecer el desarrollo e incluso el inicio del juicio. Eso es un hecho común en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos. En este caso además hay algo adicional, y es que vincula a Alan García con las órdenes dadas para asesinar a los presos”, indicó el letrado.
Según indicó el abogado, este caso a sufrido “casi todos los mecanismos” que defienden la “impunidad”, como juicios militares, leyes de amnistía o intromisión gubernamental en la actividad judicial, pero que finalmente ha llegado a su final.
“Eso sí, se juzgará solo a los autores materiales del crimen, algo que dejó claro la fiscalía. Los autores mediatos (intelectuales) no están comprendidos y sobre ellos se tendrá que tomar una decisión durante el juicio o después del juicio”, añadió.
Según indicó, durante el proceso, que se demorará “unos dos años”, se podrán exhibir “evidencias de diverso tipo” que prueban la ejecuciones extrajudiciales, como declaraciones forenses como la forma y circunstancia de cada muerte, los testimonios de marinos que reconocieron las órdenes de ajusticiar a los presos y declaraciones de los supervivientes.
“Hay múltiples evidencias que dan cuenta de un hecho de carácter criminal y una decisión política institucional de eliminar a los internos. Podemos acreditar que hubo una decisión política”, añadió.
En octubre pasado, la fiscalía presentó formalmente la acusación contra 35 marinos por estos hechos, para los que pidió entre 30 y 25 años de cárcel, y en abril de este año el Poder Judicial reconoció que existe mérito legal para abrir el juicio oral.
El Caso Frontón y Alan García
Sin embargo, uno de ellos reconoció ante los fiscales la existencia de órdenes de masacrar a los amotinados y fue retirado de la causa.
Este proceso responde a un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que exigió a Perú aclarar los hechos de ese motín tras revisar el caso de dos de los internos muertos en esa fecha.
[Fuente: EFE │Imagen de tapa: Andina]
