El fiscal Germán Juárez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, inició una investigación preliminar por los delitos de cohecho y asociación ilícita para delinquir contra la exgobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, por presuntos pagos ilegales de la empresa ICCGSA a cambio de una millonaria obra en esta región.
La investigación preliminar contra Osorio se llevará en un plazo de ocho meses. El pedido fiscal se basa en testimonios de los colaboradores eficaces N° 01-2019 y 13-2019, quienes declararon cómo se realizaron las coordinaciones de los pagos hechos con el fin de obtener la buena pro de la obra “Mejoramiento de la carretera Variante Uchumayo, entre el puente San Isidro y la vía de Evitamiento, distrito de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Arequipa”.
Cabe precisar que el dueño de ICCGSA, Fernando Castillo Dibós, también está incluido en la mencionada investigación, así como Rafael Granados, gerente de la mencionada empresa.
En octubre de 2015, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU convocó a concurso público por encargo del Gobierno Regional de Arequipa. Para ello se presentaron dos postores y el 3 de diciembre se descalificó al consorcio Mota Engil. Quedandola empresa ICCGSA, sindicada de integrar el Club de la Construcción, a la que la OIM le adjudicó el proyecto que demandaría una inversión de 92 millones 604 mil 122 soles.
«Se aprecia que Yamila Osorio, en su condición de entonces gobernadora regional de Arequipa, habría intervenido en hechos ilícitos vinculados a la obra (…) la cual fuera convocada por el OIM (Organización Internacional para las Migraciones), por encargo del gobierno regional, siendo que se solicitó a la empresa ganadora de la buena pro, ICCGSA, la suma de S/2′000.000 para que esta pudiera cumplir con la suscripción del contrato, (…) dinero que fue entregado a lo largo de la ejecución del proyecto por Carlos Zariquiey [de ICCGSA], quien cumplió con dar parte de lo pactado, S/450.000 en total, efectuado en distintas entregas», se lee en la resolución de Juárez.
Según el testimonio de ambos aspirantes, durante la ejecución del contrato, Yamila Osorio realizó varias visitas a las oficinas de ICCGSA en Lima, ubicadas en Avenida Aramburú, para informar sobre el avance de la obra.
Tras esta confirmación, según los colaboradores, un familiar de Osorio se comunicó con Carlos Zariquiey, gerente comercial regional de ICCGSA, para pedirle S/2 millones ilícitos. Y es que aún se necesita el aval de las autoridades regionales para el contrato.
Según las manifestaciones, esta persona le dijo a Zariquiey que “dicho monto era para la gobernadora regional” y aclaró que si no accedían al pago “no se aprobaría la adjudicación de la buena pro”. “Bajo este condicionamiento la empresa tuvo que acceder a su ilegal pretensión”, indicaron.
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR DEMORA DE PAGOS
En 2017, según el testimonio, la entonces gobernadora llegó a Lima para reunirse con Fernando Castillo Dibós, el directivo de ICCGSA, y un restaurante en Miraflores le reclamó por la demora de los abonos-
“Osorio le reclamó a Castillo Dibós que ICCGSA no estaba cumpliendo con los pagos ilegales; a fines de 2017, como no recibió los pagos, el gobierno regional resolvió el contrato”, indicaron.
«Así pues, luego de ello, a fines del 2017, al no haber realizado los pagos ilícitos exigidos, el GRA resolvió el contrato con ICCGSA», relata el fiscal.
Osorio, quien se encuentra en España, señaló que aún no ha sido notificada por la Fiscalía. Además, negó las acusaciones y consideró que se trataría de una especie de «venganza» de parte de ICCGSA por «la situación compleja y problemática que tuvimos durante mi gestión», declaró.
«Es una infamia lo que están diciendo. No me cabe la duda de que probablemente obedezca hasta a una cuestión de venganza por los S/30 millones que les ejecutamos como cartas fianzas por sus constantes incumplimientos», aseveró.
